La regulación de los lobbies en España

Oct 13, 2015 por
La regulación de los lobbies en España

Los lobbistas me hacen entender un problema en diez minutos, mientras que mis colaboradores tardan tres días.

John F. Kennedy (?)

No se sabe si realidad o, tal vez, leyenda urbana, esta frase está atribuida al presidente norteamericano John F. Kennedy, uno de los principales protagonistas en la distensión de la Guerra Fría y gran defensor del liberalismo democrático. Hoy, más de cinco décadas después de su muerte, esta máxima sirve de bautismo de fuego para los profesionales del mundo del lobby en su iniciación, cuando preguntan en qué consiste exactamente su trabajo.

Y es que definir esta actividad en un puñado de palabras es algo tan complicado como las múltiples funciones que los lobbistas deben realizar para llevar a cabo con éxito su labor. Si nos atenemos a la definición más académica, la que aporta la Real Academia de la Lengua, se describe al lobby como “un grupo de personas influyentes organizado para presionar a favor de determinados intereses”. Más práctico o, acaso, centrándose en los parámetros más de campo, un autor de gran prestigio como García Lizana lo delimita como aquel “plan o estrategia de comunicación y relaciones públicas que sirve para comunicar y defender determinados intereses ante los legisladores y los distintos representantes de las administraciones públicas”.

Etimológicamente, la palabra lobby, de una evidente procedencia anglosajona, se utiliza para referirse a los salones o vestíbulos del parlamento británico en donde los diputados se reúnen con el público para responder a sus preguntas y explicarles la utilidad de las medidas que se han debatido y aprobado. Algo que la Comisión Europea, dentro de su Libro Verde, recoge para añadir que se trata de “una actividad legítima en un sistema democrático, que contribuye a llamar la atención de las instituciones sobre asuntos importantes”.

Sumando gotas de cada una de estas fuentes es factible llegar a caracterizar la actividad de los lobbies de manera que se acote sus cometidos y explica su sentido dentro de las modernas y complicadas economías de mercado. Hacer lobby consiste, a grandes rasgos, en ejercer una cierta presión política y económica con el fin de lograr cierta influencia en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de un Estado. Esta actividad es realizada por personas y grupos que, por regla general, no suelen participar ni directa ni activamente en política, pero que en cambio, suelen ganarse el favor de alguno de los grupos de la Cámara Baja o Alta.

Las actividades de lobby se realizan en la mayor parte de los ámbitos de una sociedad, desde la religión a los deportes, pasando por la economía, la salud, la energía, la justicia o, por supuesto, las minorías que necesitan proteger y aumentar sus derechos. La acción de estos grupos de influencia transita normalmente paralela a la tramitación de las leyes que les afectan. Su objetivo primordial es que la nueva legislación no les perjudique y, en la medida de lo posible, que les beneficie al máximo. Es decir, llevar hasta el mayor nivel permitido el asunto que les interesa a su terreno.

Para lograr llevar a cabo con éxito estos objetivos es preciso desarrollar una campaña de lobby eficaz, que abarca en primer lugar conocer de manera excelente el marco de legislación vigente del sector sobre el que se desea influir, saber cuál es la mecánica en la toma de decisiones y los posibles escenarios que se deriven de ello. En un segundo paso, es básico acometer una fase de investigación y posterior análisis en el que se establezca la pauta a seguir y sus resultados más probables. Más adelante, se deben elaborar los informes adecuados y recabar la información más precisa posible. Gracias a ello, se preparará una batería de mensajes a lanzar a cada uno de los públicos objetivos que manejemos. El último y fundamental escalón es el de elaborar el mejor plan de comunicación y de relaciones públicas posible, para ir recogiendo los resultados de las actuaciones que se vayan realizando.

Un futuro por delante

En España, el principal caso de lobby según los expertos tuvo lugar en 2006, cuando se hubo de aprobar la nueva Ley del Medicamento de 2006. Aquel acervo normativo reguló por primera vez el uso de genéricos. La industria farmacéutica se unió para realizar, paralelamente, dos campañas: una de comunicación en los medios, y otra de lobby dentro del Congreso de los Diputados. Finalmente, las medidas tan severas con el sector que recogía el primer borrador se suavizaron hasta aprobar una ley que contentó a todas las partes. Gobierno, oposición, opinión pública y los principales agentes del sector de la salud quedaron plenamente satisfechos.

Ahora, después de varios años sumidos en una crisis que ha obligado a los lobistas a sacar la cabeza al primer plano de la arena pública y con una regulación en España sobre el sector en discusión, veremos si, de verdad, cumplen su función de manera abierta y transparente y respondiendo a las necesidades de todos.

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