LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ESPAÑOLAS Y BRUSELAS

Jul 26, 2016 por
LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ESPAÑOLAS Y BRUSELAS

La percepción existente acerca del descontrol de las cuentas públicas en España ya es un hecho. En 2015 se volvieron a incumplir los objetivos presupuestarios consensuados en su momento por nuestro Gobierno con Bruselas, al igual que en 2014, 2013 y 2012. Lo que se veía venir, ha terminado sucediendo. De cara al futuro, Bruselas otorgará a España dos años extra para ajustar el déficit público hasta situarlo en el 3% del PIB en 2018. A la vista de que la evolución de los ingresos públicos va ciertamente peor de lo esperado, hay que ampliar el plazo, una vez más.
Por otra parte, las instituciones comunitarias barajan imponer una sanción a España, que demuestre que la Comisión Europea (CE) está dispuesta a multar si tiene que hacerlo. Hasta ahora, los países miembros de la UE se han saltado 165 veces el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en 114 ocasiones lo hicieron sin justificación alguna, pero la CE nunca ha puesto una sanción por este motivo. España y Portugal serían los primeros en recibir una multa, aunque ni su cuantía, ni los objetivos temporales y cuantitativos del déficit están actualmente definidos. Bruselas parece decantarse por una multa simbólica (entre el 0,01% y el 0,05% del PIB) y la clave está en la capacidad para negociar los próximos presupuestos, tratando de minimizar el efecto negativo del ajuste para el crecimiento económico. Nuestro Gobierno ya anunció una serie de decisiones que debieran mejorar nuestras cuentas públicas. Entre ellas hay que destacar la aplicación del tipo de la retención a cuenta del 20% en el Impuesto de Sociedades (IS) con carácter permanente. Bruselas quiere más medidas en esa línea, ya que la reciente política fiscal española ha provocado una fuerte caída de la recaudación del IS y del IRPF. Esto obliga al Gobierno a desandar el camino de las rebajas impositivas, anunciadas como línea maestra de la política fiscal española.
Así, las empresas con una cifra de negocio superior a 20 millones de euros tendrán que adelantar unos 6.000 millones desde este mismo año a Hacienda por el endurecimiento del sistema de pagos fraccionados a cuenta del IS, lo que supondrá un golpe a su tesorería, ya que adelantarán a octubre y diciembre parte de los pagos que tendrían que realizar en julio del año siguiente. Esta medida, ya comprometida con Bruselas, trata de disciplinar el déficit público y regirá mientras esté por encima del 3% del PIB, el tope por encima del cual la CE activa el Procedimiento de Déficit Excesivo, que obliga a tomar medidas para reducirlo. Se estima que unas 4.400 firmas se verán afectadas, al tener que pagar un tipo mínimo del 20% y un máximo del 25% (tipo nominal del impuesto) sobre el resultado contable, lo que supone una tasa impositiva muy superior a la de 2015. Al aplicarse sobre el resultado contable, se dejan fuera las estrategias fiscales utilizadas por las empresas para pagar menos y se ingresa más.
En realidad, esta operativa fiscal no deja de ser una operación de liquidez, ya que la recaudación viene cayendo en 2015 y 2016, tanto por la reforma del IRPF como por el IS (40% menos que en 2015). Si el Ejecutivo comunitario aplaza hasta 2018 el plazo, el margen conseguido debería destinarse a la Seguridad Social, ya que es la institución que tiene problemas estructurales de financiación.
En cuanto a la otra cara de este procedimiento, hay que decir que la CE tratará con la Eurocámara la decisión de suspender fondos a España por el incumplimiento de los objetivos de déficit. La eventual suspensión se retrasará hasta después del verano, momento en que se producirá el encuentro entre ambas instituciones, que realizarán una lista de programas afectados. La reiteración en el incumplimiento del déficit traerá, para España y Portugal, además de la hipotética sanción económica directa, la suspensión de parte de los fondos estructurales y de inversión europeos.
Esta congelación puede afectar a programas por valor de 1.100 millones de euros. A cambio de este movimiento (sanción y congelación de fondos), España obtendrá la cuarta prórroga del déficit desde 2012. El Gobierno en funciones necesita negociar los presupuestos y tratar de formar ejecutivo antes de aplicar nuevos y cuantiosos recortes, ya que las cuentas no cuadran, por lo que Bruselas estrechará la vigilancia fiscal sobre España, con un informe trimestral que no da opción a promesas rotas en lo relativo a los objetivos de déficit. Con dos años adicionales, las medidas serán duras, pero el objetivo es alcanzable.
Con independencia de la sanción que nos imponga Bruselas, es evidente nuestra falta de rigor de previsiones presupuestarias y déficit. Como señala la AIREF en su reciente informe, los ingresos tributarios (tanto por IS como por IRPF) muestran una tendencia a la baja ya que, a pesar de que sigue el crecimiento económico el impacto de las reformas fiscales está siendo mayor al esperado. También se recauda menos por la moderación del IPC, que es inferior al previsto. Además, la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica de 2014 ha supuesto una aportación adicional de 703 millones a las CCAA, que se añade al déficit del Estado. En cambio, por el lado del gasto este organismo señala que la existencia de un Gobierno en funciones ha contribuido a una contención superior a la prevista.
Con independencia de este procedimiento abierto a España y Portugal resulta curioso que tras un largo historial de incumplimientos del objetivo de déficit en la UE por parte de la práctica totalidad de los países miembro de la UE, sea esta la primera vez que se establecerán sanciones. Hay que recordar que Alemania –actual guardián de la ortodoxia- incumplió “solamente” 7 (siete) veces: en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 y 2010, mientras que Francia lo hizo en 12 (doce) ocasiones (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015) y el Reino Unido en 11 (once) ejercicios (2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). A los profanos, esta circunstancia nos sugiere que el trato a los distintos países no es idéntico.
Lo más grave es que un recorte presupuestario de la magnitud que se espera (10.000 millones de euros), junto a una multa (estimamos que de entre 100 y 200 millones de euros) no ayudarán a incentivar el crecimiento económico en nuestro país, lo cual redundará en una ralentización del ritmo de generación de empleo, con una tasa de paro actualmente superior al 20% de la población activa.
Después se extrañan que el resultado de los referenda y las elecciones generales muestren en los países de la UE un rechazo a lo que ella significa. En fin, esperemos que nuestra burocracia radicada en Bruselas sepa lo que hace. El tiempo nos lo dirá.

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